No me gusta en este blog hablar de temas relativos a mi trabajo, porque lo tengo como afición y desahogo, pero por esta vez voy a hacer una excepción, y voy a proponer al nuevo Ministro de Justicia las reformas que servidora haría en tema tan arduo.
En primer lugar, nombraría comisiones integradas por operadores jurídicos, es decir, jueces, fiscales y abogados. En dichas comisiones se suele olvidar a los últimos, y no se puede obviar que a ellos se les ha encomendado el derecho de defensa. Los integrantes de dichas comisiones deberían tener experiencia en el ejercicio profesional, muchas veces se ha encargado de dichas reformas a personas que carecían del día a día en asuntos procesales.
Me parece muy acertado y, ¡le felicito! Por la reforma que quiere realizar encaminada a despolitizar el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Las personas debemos volver a confiar en la Justicia. Los jueces han de ser muy libres para adoptar sus decisiones, y una de las cosas que en mi modesta opinión más cercena la libertad es el miedo al error, a la prensa y a determinados lobbys. Por ello, es necesario reforzar su independencia.
En cierta ocasión un cliente me comentó, ante la tardanza en resolver su caso el Tribunal, ¡si la ley es de 1881! Me dije cuanta razón tiene y, cuantas inseguridades causan estos textos que provocan dilaciones e incidentes. En aquel caso, era la Ley de Jurisdicción Voluntaria que regula temas relativos a la herencia, tutela, actos mercantiles… En este caso no podemos hablar de habilitar el mes de agosto, porque para esta materia son hábiles todos los días como dispone el art. 1.812 de la LEC 1881.
Pero resulta que la Ley de Enjuiciamiento Criminal que regula el proceso en materia penal es de 1882, un año más. Existen en ella una serie de actos procesales que podrían suprimirse con lo que se conseguiría descargar de trabajo a los tribunales. Asimismo modernizar mediante la informática el acceso a los expedientes para los operadores jurídicos. Robamos un tiempo precioso al funcionario cada vez que queremos consultar el procedimiento, le interrumpimos en su trabajo, nos lo tiene que buscar, a veces está en fiscalía o lo tiene su Señoría, por ello hemos de regresar otro día, y otra vez lo mismo. Si se contabilizara los procuradores y abogados que en una mañana pasan por la oficina de un Juzgado, se podría saber el tiempo real que le queda al funcionario para trabajar.
Otra de las materias que nuestro Ministro quiere abordar es la Justicia gratuita. Es bueno que sólo tengan acceso a ella, los que la precisen. Pero junto a ello, no se puede obligar al abogado a ejercer de inspector, porque su labor es defender al cliente, y además carece de medios para saber si le están contando una milonga o no. Las Haciendas de las Comunidades tienen sus Agencias Tributarias, por lo que ellas deberían ocuparse de cruzar datos y pescar al que pretende el beneficio sin tener derecho a ello.
Respecto de los abogados y sobre todo para los de oficio existe una práctica que no la entiendo, y es que nos vemos obligados a recurrir, salvo que el cliente autorice a no hacerlo. Me parece tanto como obligar al médico a operar o medicar, cuando es contrario a su criterio. Aquí habría que confiar en el Abogado que lleva el procedimiento, y dejar a su buen hacer la decisión.
Me he dejado muchas cosas, pero espero que los que por aquí pasen dejen sus comentarios, propuestas concretas, o experiencias.
Escrito por María Pilar Tortosa del Carpio 
